
Vol 1 No. 1 Año 2026 68
INTRODUCCIÓN
La pobreza rural constituye uno de los desafíos
estructurales más persistentes del sistema
económico mundial contemporáneo. A pesar de
los avances registrados en las últimas décadas en
materia de desarrollo humano, la Organización
de las Naciones Unidas (2023) estima que
aproximadamente 733 millones de personas
continúan viviendo en condiciones de pobreza
extrema, concentrándose más del 80% de esta
población en zonas rurales de países en desarrollo.
Según el Banco Mundial (2024), la brecha de
ingresos entre las zonas urbanas y rurales ha
empeorado tras la COVID-19, invirtiendo el
progreso logrado en las primeras dos décadas
del nuevo milenio. En este sentido, la (Inicio
| Organización de Las Naciones Unidas Para
La Alimentación y La Agricultura, n.d.) indica
que la economía rural está sujeta a una ‘tripla
vulnerabilidad’ de estar excluida nancieramente,
estar desarticulada en la producción y la ausencia
de inclusión sistémica en la cadena de valor. El
enfoque neoliberal ha sido incapaz de abordar las
inequidades estructurales. Por lo tanto, surgió un
nuevo tipo de organización económica: la economía
social y solidaria, que tiene relevancia tanto
política como académica (Laville & Jean-Louis,
2013). El modelo de economía social y solidaria,
que se basa en los principios de reciprocidad,
cooperación, autogestión y redistribución, ha
integrado, por primera vez, a las poblaciones
más marginadas y excluidas, generando trabajo
decente y fomentando la cohesión social en las
zonas rurales más aisladas (Servin et al., 2025).
Publicaciones recientes en revistas indexadas Q1
demuestran que las organizaciones de economía
social y solidaria contribuyen a una reducción
signicativa de la pobreza, tanto monetaria
como no monetaria, y operan como sistemas de
resiliencia económica frente a shocks externos en
situaciones de vulnerabilidad extrema (Balomenou
et al., 2025).
Según la (CEPAL, 2023), el coeciente de Gini
promedio para la distribución del ingreso en la
región de América Latina y el Caribe es 0,46. Como
resultado, la región tiene una de las distribuciones
de ingresos más desiguales del mundo, con los
pobres rurales, que viven en pobreza extrema,
representando el 45,8% del total, mientras que en el
área metropolitana, la cifra es del 26,1% (CEPAL,
2023). Así, la economía popular y solidaria se ha
formado en varios países latinoamericanos como
un marco normativo e institucional de “abajo hacia
arriba” para el desarrollo inclusivo. La Economía
Plural fue establecida con la Constitución Boliviana
de 2009, mientras que la Ley de Cooperativas
Rurales 454 de 1998 de Colombia, y la legislación
subsecuente, han contribuido a mejorar la pobreza
rural (Ruiz-Rivera & Lemaître, 2026). Además,
como parte del desarrollo rural, el cooperativismo
educativo ha avanzado en Brasil (Esteves et al.,
2023). La (Organización Internacional del Trabajo,
2022) señala que estudios empíricos en Perú han
encontrado que la participación de las comunidades
rurales andinas en el sistema internacional de
Comercio Justo ha resultado en la mejora de
las condiciones de vida de las familias rurales.
Durante la crisis económica, las zonas rurales e
indígenas han demostrado que las organizaciones
de Economía Popular y Solidaria han sido más
resilientes que las empresas convencionales (IICA,
2021). La inexibilidad del sistema regulatorio
nacional fragmentado causa políticas regionales
subdesarrolladas e incoherentes, además de limitar